El avance de las dos causas judiciales -en torno a la presunta estafa cometida con proveedores de las viviendas y por el concurso de la Fundación de CEA que las promovió- desvela que la empresa gestora de las 583 VPO en Sevilla recibió 2,5 millones en 2009. Tras entrar en concurso en 2012, la FDSE decidió no sumarse a la lista de acreedores mediante la no comunicación del saldo pendiente.
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